TRÁMITES ADMINISTRATIVOS IMPIDEN CIERRE DE ESCUELAS CON CASOS CONFIRMADOS

La decisión para cerrar una escuela en el Estado de México por casos confirmados de COVID se ha vuelto un trámite en exceso administrativo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación no se ponen de acuerdo, mientras que los sindicatos, tanto el SMSEM como el SNTE en sus secciones 17 y 36, se han convertido en meros expectadores sin una postura al respecto, siendo los más perjudicados maestros y alumnos que quedan en medio de interpretaciones que cada instancia realiza de acuerdo a su conveniencia.

Al respecto el numeral 7 del “Protocolo de Regreso Seguro a Clases en las Escuelas del Sistema Educativo Estatal”, publicado el 30 de diciembre de 2021 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, señala que la modalidad a distancia operará una vez que la institución educativa haya confirmado la existencia de dos o más casos positivos de Enfermedad Respiratoria por virus SARS-Cov2 (COVID 19), debiendo permanecer esta actividad por un periodo de 14 días corrientes, sin embargo, para que esto suceda la Autoridad Educativa y de Salud Estatales deben estar en la misma sintonía, es decir ambas instancias deben estar de acuerdo.

Es entonces cuando surgen los problemas, pues mientras las autoridades sanitarias indican que lo más viable es cortar el hilo de transmisión en las escuelas cuando se han confirmado dos o más casos positivos, las autoridades educativas ponen toda una serie de trabas administrativas y realizan interpretaciones fuera de lo que marcan las recomendaciones médicas. Pareciera que la intención de los mandos medios es mantener las escuelas abiertas a como de lugar, sin importar que los casos se reproduzcan sin control.

Así lo han señalado docentes, directores e incluso supervisores, quienes no tienen poder de decisión para el cierre de las instituciones aún cuando sean más de dos los casos confirmados, pues la última palabra corresponde a las subdirecciones regionales, cuyos titulares y encargados del reporte de casos COVID, debieran contar con la asesoría de los especialistas, es decir, de personal médico para fijar la postura más acertada.

Mientras a las autoridades educativas les interese más seguir manteniendo las escuelas abiertas con las respectivas clases presenciales, para poder reportar que todo marcha en orden, aún cuando haya más de dos casos positivos comprobados de alumnos y docentes, será difícil detener la cadena de contagios.

Sobre el tema, los Sindicatos de Maestros que existen en el estado de México (SMSEM y SNTE) no se han pronunciado, se han limitado a invitar a sus agremiados a aplicarse la vacuna de refuerzo y a difundir las sedes.

Por su parte, los docentes frente a grupo, aquellos que están en las aulas y no detrás de un escritorio llenando los formatos que solicitan a diario, piden clases a distancia durante catorce días para evitar que los contagios se sigan dando y poder estar vacunados en su totalidad, veremos si sus gremios respaldan la petición o siguen como hasta el momento.

Llama la atención que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México que tiene más de cien mil agremiados,  no haya ofrecido a sus integrantes, pruebas para detectar COVID-19, como lo hacen otros gremios, es el caso del SUTEYM. En este sentido, los titulares de las carteras de servicios médicos tienen mucho que hacer, los docentes requieren todo el apoyo de una secretaría que debido a la pandemia debiera ser la más importante y que ya tendría que haber gestionado la compra de pruebas para aplicarlas de manera gratuita a los mentores e incluso a sus hijos y cónyuge.

Y como no se trata solo de mostrar lo negativo, un acierto de la Delegación Administrativa y el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación, fue que para evitar saturaciones con trámites administrativos para obtener incapacidades en el ISSEMyM, aquellos servidores públicos docentes y administrativos, que den  positivo a COVID 19 en alguna prueba de antígenos o PCR realizada por instituciones públicas o privadas, se les concederá un término de 7 días naturales como incapacidad extraordinaria, sin necesidad de presentar la licencia médica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

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